Diversas organizaciones de derechos humanos han cuestionado la reciente aprobación de la Ley N.° 32331, que establece el uso obligatorio de baños públ
Diversas organizaciones de derechos humanos han cuestionado la reciente aprobación de la Ley N.° 32331, que establece el uso obligatorio de baños públicos según el sexo biológico. Entre ellas, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que calificó la medida como excluyente hacia las personas trans y solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según la CIDH, la ausencia de baños inclusivos puede afectar la seguridad y dignidad de personas trans, especialmente en espacios públicos. La CNDDHH sostiene que esta legislación desconoce la identidad de género y refuerza patrones discriminatorios en la sociedad.
Desde el Congreso, sin embargo, se defiende la norma argumentando que su propósito principal es la protección de menores. La ley también contempla la prohibición de contenidos sexualizados hacia niños en medios de comunicación y endurece sanciones por actos obscenos cometidos por figuras de autoridad como docentes o funcionarios.
El debate en torno a esta norma continúa, mientras sectores conservadores la respaldan como una medida de protección y otros la consideran un retroceso en materia de derechos humanos.
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